La entrada de las nuevas normativas ha cambiado el funcionamiento de las subastas de pisos, siendo más fácil para nosotros concurrir a las diferentes ofertas que emite la institución correspondiente.

Existen dos tipos de subasta pública: los bienes embargados por un organismo público y los que ofrece a licitación la propia Administración.

Nos podemos encontrar varios problemas derivados de comprar un bien subastado:

– Debemos de informarnos de que no existan inquilinos en la vivienda, pues en caso de que la casa siga habitada representa un problema muy serio.

– Los pisos no se pueden ver antes de la venta. Y los propietarios no te van a dejar verlo por dentro, por lo que no sabremos cuál es su estado de conservación ni el estado del mobiliario; es decir, si lo que vamos a pagar se corresponde con el valor del bien.

– En caso de que existan cargas económicas que no estén reflejadas en la salida a concurso y no estén liquidadas, las obligaciones tendrán que ser sufragadas por el comprador final.

Los precios de salida en las pujas no pueden ser inferiores al 70 % del valor de tasación de la casa. Si no se supera esta cifra, el ejecutado tiene la posibilidad de mejorar esta cifra mediante un tercero.

Se calcula que la diferencia entre un bien subastado y el precio de mercado puede rondar un 40 %. Esta es una de las razones por la que se vendieron tantos inmuebles adjudicados. Pero la realidad es otra, debido a que muchos de los inmuebles que salen a subasta tienen precios poco atractivos, porque sus tasaciones fueron bastante altas cuando se produjo la burbuja inmobiliaria.

¿Qué personas pueden acceder a una subasta?

Según la ley puede participar cualquier persona física o jurídica, mayor de edad, que no tenga ningún tipo de impedimento legal ni restricción alguna.

El problema que se plantea para acudir al concurso es que el interesado debe aportar una fianza. Dicha fianza tiene que ser un porcentaje sobre el precio mínimo de venta, que puede oscilar entre un 20 % y 25 % para las viviendas que pertenecen a la Agencia Tributaria o a la Seguridad Social, frente a un 5 % para las subastas como Adif. Es un porcentaje bastante alto que se obliga a depositar mediante aval bancario o en la correspondiente Caja General de Depósitos.

Cuando no se alcance la puja o se haya desestimado, devolverán la fianza. Si existe una renuncia sobre el bien por parte del comprador o no ha efectuado el correspondiente pago en un plazo no superior a dos meses perderá el total de la fianza depositada. Además, tendrá que hacer frente a posibles indemnizaciones por incumplimiento, que le exigirá la entidad que haya organizado la subasta.

¿Cómo pujar desde casa?

Con la entrada en vigor de la nueva ley 19/2015 de 15 de julio, además de las subastas presenciales existen las pujas telemáticas. El problema es que no parten con ningún tipo de oferta mínima y con el inconveniente de tener que darse de alta en la Administración por ordenador.